Durante la Tercera Mesa de Trabajo: Gobierno, Seguridad y Procuración de Justicia, Estado y Municipios, que encabezó la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Poder Legislativo presentó el seguimiento a las observaciones de elementos de seguridad pública no certificados.
Ahí, la auditora superior del OFS, María Isabel Delfina Maldonado Textle indicó que los municipios que reincidan en no certificar a sus policías serán observados como Probable Daño Patrimonial y se promoverán las responsabilidades correspondientes.
Esto, al presentar el seguimiento que se dará a las observaciones de los recursos que aplicaron del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), por el motivo de la no certificación de policías, cuyo informe de resultados fue presentado el pasado mes de julio.
Señaló que tienen la facultad para fiscalizar los fondos y recursos que manejan los entes públicos, a fin de evaluar el cumplimiento y resultado de la gestión financiera ajustado a la legalidad, así como la contratación de personal, toda vez que deben abstenerse de contratar en las corporaciones policiales a gente que no cuentan con el registro y certificado emitido por el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3).
Maldonado Textle puntualizó que el OFS ha identificado desde hace tres años que la mayoría de los policías no estaban certificados, “en auditorías financieras de 2021 se realizaron y notificaron a los municipios observaciones de probable daño al patrimonio, por el pago de nóminas del Fortamun a policías que no contaban con la certificación de la evaluación”.
Detalló que en ese proceso resultaron observados mil 825 elementos de seguridad pública, con un equivalente a 71 millones 983 mil 097 pesos; sin embargo, en propuestas de solventación, presentaron avances de certificación y firmaron un convenio compromiso con la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Cesesp) para que en julio, agosto y septiembre regularizaran al personal de sus municipios.
A pesar de ello, abundó que las cifras del número de policías que tienen registrados el Cesesp y el OFS representan un desfase de 303 elementos, los cuales se deben a que en 40 municipios pagaron a 268 policías que no fueron reportados al Cesesp, además de que 16 municipios pagaron a 35 personas que desempeñan otro puesto, y solo en Acuamanala, Hueyotlipan, Xiloxoxtla y Tzompantepec coincide la información presentada en ambas instituciones.
Asimismo, mencionó que el avance en la certificación de los elementos de seguridad pública es mínimo, pues de mil 832 elementos observados que no estaban certificados por el C3, pasó a mil 553.
Por lo que enérgicamente señaló que quienes no solventen sus observaciones serán acreedores a promociones de responsabilidades, al incurrir en abuso de funciones y causar perjuicio al servicio público, “los elementos de seguridad pública al no cumplir con el requisito legal de certificación, evaluación y control de confianza, están causando un perjuicio al servicio público por no estar acreditados y no realizar las funciones debidamente”.
La auditora acotó que las sanciones que se prevén de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas en la clasificación de faltas graves, contempla la suspensión de 30 a 90 días, destitución, sanción económica, inhabilitación de uno a 10 años y en caso de reincidencia de 10 a 20 años.
Finalmente, hizo el llamado a las y los presidentes municipales para que continúen con la certificación de sus oficiales, a fin de que eviten incurrir en una omisión importante y alguna sanción, ya que en próximos días iniciarán las auditorías del ejercicio 2022, “les pedimos que atiendan la solicitud que se les está haciendo, den respuesta oportuna”.
