El Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), reporta un avance del 80 por ciento en el cumplimento de la declaración patrimonial por parte de los servidores públicos de todos los niveles que laboran en la administración estatal, informó la titular Eréndira Olimpia Cova Brindis.
Precisó que la fecha límite para cumplir con la declaración patrimonial y de intereses es el próximo 31 de mayo, sin embargo, la respuesta por parte de los servidores públicos del estado ha sido aceptable, pues “hemos tenido avances diarios por parte de quienes han presentado su declaración patrimonial y la meta es que más de 30 mil servidores cumplan con esta disposición”.
La titular de la SFP, Eréndira Olimpia Cova Brindis indicó que el trámite se realiza en la página https://declaranet.tlaxcala.gob.mx/ y el único requisito para acceder es contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y la clave o contraseña a la mano.
“Hemos instalado módulos de atención tanto en la secretaría como en algunas dependencias que nos han solicitado el apoyo, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que tiene mucho personal, instalamos allá un módulo de apoyo, también en Casa de las Artesanía que es más pequeña, pero vamos y atendemos, la idea es que el servidor público no tenga el pretexto para decir no la pude presentar”, expresó.
Indicó que el próximo martes es la fecha límite para cumplir con lo establecido en los artículos 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por ello, “hacemos la invitación a los funcionarios o servidores públicos de recién ingreso, tendrán 60 días como lo estipula la ley, pero a quienes ya tienen más tiempo de estar en la administración en mayo tienen que concluir el trámite”.
Sostuvo que, la ley exige a las y los funcionarios de la administración pública rendir un informe pormenorizado de su patrimonio, a fin de prevenir, detectar o sancionar posibles casos de enriquecimiento ilícito, así como para verificar que el seguimiento y evolución del patrimonio del declarante sea acorde a los ingresos y egresos que reporta.
Agregó que, en caso de incumplir con la presente declaración, pueden hacerse acreedores a alguna sanción como: amonestación, suspensión o destitución del empleo, cargo o comisión.
Finalmente, señaló que el Gobierno del Estado fomenta un ejercicio de transparencia y cero tolerancia a la corrupción.
(Boletín)
