Durante la presentación del Informe final respecto del proceso de verificación del porcentaje de firmas de apoyo de la ciudadanía requeridas para la Revocación de Mandato, el Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, notificó a las y los consejeros la recepción del oficio suscrito por el Procurador Fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina, en ausencia del titular de la SHCP.
En el documento de 14 fojas, la SHCP aseguró que no es viable jurídicamente otorgar recursos adicionales al Instituto ya que “no existe disposición y asignación específica de recursos que permita aumentar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral u otorgar excepcionalmente recursos adicionales”.
También se reiteró que, de conformidad con lo dispuesto en la legislación, sólo el INE puede realizar la adecuación presupuestaria en su gasto con el presupuesto que le fue otorgado por la Cámara de Diputados y, en todo caso, el incremento en su presupuesto aprobado se podrá realizar cuando “obtenga ingresos adicionales y se autorice la adecuación presupuestaria respectiva, informando a esta dependencia sobre el citado incremento, para efectos de la integración de los informes trimestrales y la cuenta pública”.
Esto a pesar de que en la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se instruye al INE a que “realice y gestione las adecuaciones presupuestales necesarias, sin afectar sus obligaciones constitucionales, legales, estatutarias y laborales, a fin de estar en posibilidad de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades calendarizadas en el proceso de revocación de mandato; o bien, de subsistir la insuficiencia, realice las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de solicitar las ampliaciones presupuestarias que se requieran para el adecuado desarrollo del proceso de revocación de mandato”.
La sentencia también instruye a la SHCP para que, “en caso de que el INE haga una solicitud de ampliación presupuestaria para atender dicho proceso, dé respuesta a la brevedad de manera fundada y motivada y siga el procedimiento respectivo que dé cauce a la solicitud para que haga efectivo el derecho político de participación de la ciudadanía en el proceso de revocación de mandato”.
El Consejero Presidente señaló que, a pesar de este contexto, el Instituto continuará con los trabajos que inició desde hace 6 meses, aunque reconoció que serán necesarias las definiciones que adopte la Suprema Corte de Justicia de la Nación para clarificar la naturaleza del ejercicio y los recursos con los que éste debe llevarse a cabo.
“El INE no se ha detenido y se encuentra listo para organizar la Revocación de Mandato conforme a la ley, apegándose a las sentencias del Poder Judicial y con una amplitud a los recursos disponibles. Lo que viene depende de las capacidades y condiciones que han generado otros poderes para poder avanzar en el ejercicio de participación directa”, agregó.
Cooperación ofrecida por la SHCP no detalla cómo reduciría costos de la Revocación de Mandato
La Consejera Carla Humphrey lamentó que el documento se entregara firmado por la quinta persona funcionaria suplente de esa Secretaría, una vez iniciada la sesión del Consejo General en donde se presentó el informe final de los respaldos ciudadanos para detonar el proceso de Revocación de Mandato, lo que consideró como un trato indigno para un órgano constitucional autónomo.
Asimismo, hizo énfasis en que, a pesar de que el oficio habla de cooperación, no se detalla cómo se llevaría a cabo para lograr una reducción de costos. La Consejera recordó que sigue sin haber respuesta de la Comisión Federal de Electricidad ni del Instituto Mexicano del Seguro Social, ni tampoco de Talleres Gráficos de México respecto de las solicitudes que se han hecho para reducir costos.
“No es una obligación solamente del INE, sino de todo el Estado mexicano garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos para todas las y los mexicanos, siendo éste el de participar en el ejercicio de Revocación de Mandato”. Por su parte, el INE continuará con las actividades para la Revocación del Mandato y la expedición de la convocatoria de 4 de febrero, dijo.
Por su parte, la Consejera Dania Ravel expresó que, contrario a lo que expone la SHCP en su oficio, la Revocación de Mandato no es competencia exclusiva del INE, sino que es una obligación de todo el Estado Mexicano, por lo que sin esos recursos será necesario realizar una serie de ajustes al proceso.
"Sin importar cuáles sean estos cambios y ajustes, la ciudadanía debe tener la seguridad de que el próximo 10 de abril tendrá a su alcance una casilla a la que pueda acudir para ejercer su derecho a participar en este ejercicio histórico de participación ciudadana, porque el INE, como siempre, contra viento y marea va a lograr cumplir con sus funciones", puntualizó.
El estrangulamiento económico que confirma la SHCP no abona a la construcción de la democracia
El Consejero Uuc-kib Espadas estimó que en el estrangulamiento económico que hoy reitera la SHCP no hay nada que aporte a la construcción de un México democrático donde la administración pública sea pulcra y eficaz para las necesidades de la sociedad.
Ante ello, afirmó que el Poder Judicial de la Federación ha sido colocado en un tránsito histórico ya que deberá excluir el estrangulamiento presupuestal como instrumento de demolición de instituciones, tal como antes se utilizó para el estrangulamiento de gobiernos opositores.
“Espero que el Poder Judicial esté a la altura del reto formidable que la historia pone hoy en frente de él”, puntualizó.
Con el pretexto de la austeridad, la mayoría en el poder busca colapsar al INE
Al tomar la palabra, el Consejero José Roberto Ruiz Saldaña señaló que esté día resulta lamentable para quienes hoy se encuentran en el poder ya que la negativa de recursos no es congruente con esa lucha que por décadas se hizo desde esa izquierda para tener un organismo electoral autónomo, fuerte, un árbitro capaz de poder desplegar sus atribuciones sin ningún regateo.
“No ha quedado en ningún momento en manos de este Instituto continuar con los trabajos, han sido otras instituciones las que no han contribuido, no han puesto su parte y aun así vamos a entregarles buenas cuentas a las y los mexicanos en cuanto a organización y despliegue logístico y despliegue de las capacidades de todas y todos quienes integramos esta institución”, agregó.
Frente a la negativa de dotar de recursos suficientes a la institución, la Consejera Claudia Zavala aseguró que, a pesar de las maniobras que existen para entrampar a la institución, lo que está en el fondo es la intención eminentemente política de exterminar al INE.
“Lo que en realidad busca es colapsar a esta institución, patrimonio de la sociedad mexicana, por el hecho de que no nos hemos sometido a los designios, ni al credo político ideológico o hasta moral, pero lo que no se ha visto es a quienes realmente perjudican, es a quienes pretenden defender: la ciudadanía”, expresó.
Recordó que, al momento, existen denuncias penales en su contra y de otras y otros integrantes del Consejo General por decisiones tomadas de manera colegiada en el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales, las cuales “son claramente una forma de intimidación, una intromisión en la vida interna de un órgano constitucional autónomo y, sobre todo, una manifestación autoritaria”.
Advierte INE preocupantes inconsistencias en la revisión de firmas de la Revocación de Mandato
El Consejo General conoció este lunes el Informe final respecto del proceso de verificación del porcentaje de firmas de apoyo de la ciudadanía requeridas para la Revocación de Mandato, el cual confirma el cumplimiento del requisito constitucional para detonar la organización del ejercicio.
Sin embargo, las y los consejeros evidenciaron que más de uno de cada cinco apoyos que fueron entregados al INE presentaron alguna inconsistencia con los que se pretendió simular apoyos, lo que tendrá que ser investigado por las áreas competentes.
El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, destacó la importancia de considerar los mecanismos tecnológicos para eficientar este tipo de procesos, especialmente por el uso indebido que algunos actores políticos podrían estar haciendo de padrones, credenciales y datos personales de la ciudadanía.
Córdova Vianello explicó que de los 11.1 millones de firmas susceptibles de ser verificadas y cuantificadas se logró verificar casi el 40%, de las cuales 990 mil 189 presentaron alguna inconsistencia en ambas modalidades, lo cual representa el 22% de los apoyos recabados tanto a través de la App como en papel.
Ante las inconsistencias, el Consejero Ciro Murayama cuestionó el modo como los promoventes accedieron a los datos de ciudadanas y ciudadanos que hace más de una década no están en la Lista Nominal, están presos o fallecieron; un tema que deberá investigarse con pulcritud para que pueda haber sanciones administrativas y penales, precisó.
“Por supuesto, en las firmas hay millones que son reales y de gente bien intencionada, pero por ello toda persona contraria al fraude debería de alzar la voz, aquí el silencio es cómplice. Recordemos que, en democracia, tan importantes como los fines son los medios, quien hace trampa, no lo hace nunca por una causa digna”, afirmó.
El Consejero Uuc-kib Espadas alertó sobre el hecho de que 18 mil personas fallecidas aparecieran en las firmas, ya que da muestra de una adulteración sistemática de la voluntad popular, que “proyectando las cifras de lo que faltó por revisar, estaríamos frente a más de 50 mil muertos, cuyas firmas aparecen en este proceso”.
“Esto es algo absolutamente inaceptable en una democracia, esto parece salido de las caricaturas de los años 60 y 70, quizá de los 80, en donde la evidencia más flagrante de la manipulación electoral era la aparición de muertos votantes, no puede ser por ese camino”, deploró.
El Consejero Jaime Rivera aseveró que el informe da cuenta de que este proceso de recolección de firmas no ha tenido la pulcritud exigible en una democracia ya que, si bien las inconsistencias son una minoría, podrían representar un intento de resurrección de prácticas del pasado, aun cuando en el antiguo régimen llegaron a considerarse habituales y hasta normales.
Esta experiencia que hoy culmina, dijo, debería hacernos reflexionar, inclusive a quienes hoy se benefician de prácticas viciadas en el acopio de firmas, porque cuidado, lo que puede parecer una victoria festejable ahora se puede convertir en una mancha que debilite el poder que se quiere conservar.
Al presentar el documento, el Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina detalló el resultado general de las firmas de apoyo de la ciudadanía captadas y verificadas en la Lista Nominal de Electores que asciende a de tres millones 451 mil 843, lo que representan el 3.75% de la Lista Nominal de Electores.
El Informe será enviado también al TEPJF y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a petición de integrantes del Consejo General.
Las y los Consejeros también conocieron y aprobaron los Informes Anuales que las Comisiones de Quejas y Denuncias, así como de Capacitación Electoral y Educación Cívica presentaron sobre el desarrollo de sus actividades durante el año 2021 y se aprobaron sus Programas Anuales de Trabajo para el 2022. (Boletín)
